Por Sara Larraín - En diversos foros públicos hemos denunciado el daño consumado por la empresa minera Barrick Gold Corporation en los glaciares del valle de Huasco, Región de Atacama. Sólo en la etapa de exploración de la mina Pascua Lama, la empresa destruyó (según consta en el estudio de Golder Associates) casi el 70% de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, los cuales, según consta en la aprobación del proyecto, debía resguardar. Pese a la cobertura relativa que ha dado el periodismo chileno a este caso, hay muchas otras irregularidades y mentiras que siguen ocultas:

Una de ellas es el hecho que el proyecto aurífero se emplaza en territorios de propiedad de la comunidad de origen diaguita de los huascoaltinos (en Chile, en la provincia de Huasco, Región de Atacama; en Argentina, en la provincia de La Rioja). Los diaguitas fueron reconocidos como pueblo indígena recién en 2006; o sea, después de la firma de tratado minero binacional, un traje a la medida, que logró la presión de Barrick, para explotar el yacimiento Pascua Lama.

La comunidad regularizó sus títulos de dominio en 1903, mediante un procedimiento judicial que reconoció la prescripción adquisitiva de las tierras. El título ‘Estancia de los huascoaltinos’ les asignó en propiedad 377.963 hectáreas de tierras de pastoreo de uso comunitario, como también aquellas de fondo de valle en que se encuentran las tierras bajo riego de posesión familiar. Este dictamen fue ratificado, también por sentencia familiar, en 1997, a través de un procedimiento administrativo ante el Ministerio de Bienes Nacionales.

La regularización se aplicó a las tierras originarias de los diaguitas huascoaltinos, por estimarse que pertenecían a una comunidad adscrita a una legislación especial; a saber, el DFL Nº 5 de 1968 y sus posteriores modificaciones, que reglamentaban la situación de las comunidades territoriales de las provincias de Atacama y Coquimbo. En la regularización del Ministerio de Bienes Nacionales se excluyeron del inmueble común todos los bienes raíces que, estando dentro de los deslindes generales del predio común, estuvieron saneados o regularizados a nombre de personas naturales o jurídicas de derecho privado o público, con lo cual se logró que las propiedades usurpadas dentro de la estancia o cuestionadas por os comuneros mantuvieran sus títulos de dominio, uno de los cuales lo adquirió Barrica para desarrollar Pascua Lama.

Aquí la empresa distorsionó los mapas de la zona para hacer caber su proyecto y se hizo de títulos fraudulentos.

El caso, notablemente expuesto en el libro “La gran minería y los derechos indígenas en el norte de Chile (Yáñez y Molina, 2008), es otro ejemplo de la ‘judicialización’ que deben seguir las comunidades locales, cuando autoridad y empresa, movidas por espurios intereses, optan simplemente por mirar para el lado. Confiemos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos restituya el Estado de Derecho, que las autoridades ambientales negaron a uno de los pueblos originarios de Chile.

*Sara Larraín es Directora del Programa Chile Sustentable. Artículo publicado en El Mostrador de Santiago.