En la causa que tramitan la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Alberto Gentili habría indicios elocuentes, según fuentes tribunalicias, de operaciones de intercepción ilegal de correos electrónicos y comunicaciones telefónicas de jueces, dirigentes políticos, artistas y periodistas se habrían realizado, si no a pedido, por lo menos al amparo de altos funcionarios del Gobierno. El escándalo empezó cuando el director de Informática de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Catoira, denunció ante el juez federal Sergio Torres que la computadora del presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, había sido objeto de intrusiones ilegales. Read the full story