El 9 de julio pasado, los senadores Tim Johnson y Michael Enzi presentaron ante el Congreso de Estados Unidos un polémico proyecto de ley: querían prohibir el ingreso de carne argentina al mercado norteamericano. ¿Los argumentos? El peligro de contagio de fiebre aftosa y el incumplimiento en los envíos. La ley era impulsada por la poderosa Asociación de Ganaderos de Estados Unidos (USCA), que a su vez forma parte de la American Task Force Argentina (ATFA), que nuclea a acreedores que quedaron fuera de la reestructuración de la deuda argentina

Hasta aquí, no había nada demasiado distinto a las clásicas barreras y restricciones que impone el gobierno estadounidense cuando quiere proteger a la producción local de la competencia de las importaciones extranjeras.

Pero lo atípico, en este caso, era que la ley era impulsada por la poderosa Asociación de Ganaderos de Estados Unidos (USCA), que a su vez forma parte de la American Task Force Argentina (ATFA), que nuclea a acreedores que quedaron fuera de la reestructuración de la deuda argentina y que, desde entonces, reclaman al gobierno nacional la devolución de su dinero.

Como castigo, los llamados “holdouts” instaban al Congreso a prohibir el ingreso de carne argentina.

Llamó la atención, sin embargo, la falta de esfuerzo por esconder que era la cuestión de la deuda la que estaba por detrás de la iniciativa, y no el peligro de aftosa. En un comunicado fechado el 10 de julio, al día siguiente de la presentación del proyecto en el Congreso, la ATFA agradecía los esfuerzos de la USCA por “introducir legislación que resalte el pésimo historial de la Argentina”.

Algunos párrafos más abajo, el comunicado destacaba la importancia del proyecto de ley (llamado “Mantengamos a América libre de aftosa”) y señalaba que ATFA seguiría “presionando al gobierno de Estados Unidos para que asista a los ciudadanos norteamericanos que deben recuperar los miles de millones de dólares” que prestaron al gobierno argentino y que éste ahora se niega a devolver.

Siete días después, el 17 de julio, la iniciativa llegó a la Cámara de Representantes, presentada por la demócrata Stephanie Herseth Sandlin y la republicana Barbara Cubin.

Hoy, las posibilidades de que el proyecto sea aprobado son bastante altas. Sobre todo si se tiene en cuenta que los legisladores que lo respaldan representan a estados ganaderos (Colorado, Wyoming y Nuevo Mexico) que tendrán una alta incidencia en las elecciones presidenciales de noviembre. Apoyar la iniciativa puede resultar en un mayor apoyo para uno u otro partido.

En ATFA conviven asociaciones de granjeros de casi todos los estados, junto fondos de pensiones de docentes que, según la página de internet, “perdieron más de 100 millones de dólares” como consecuencia del default argentino.

El lobbying de la asociación intenta además convencer a todos los contribuyentes norteamericanos de que ellos también fueron perjudicados por el default porque con sus aportes dieron apoyo financiero a la Argentina a través de organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial o el FMI.

Fuente: Cuenca Rural