Indígenas que mantienen tomadas instalaciones petroleras desde hace diez días en Perú calificaron como una “provocación” la actitud del gobierno de declarar el estado de emergencia y dijeron que se mantendrán en huelga hasta que el gobierno atienda sus demandas. “Decimos al gobierno que tenga mucho cuidado porque ésta no es una movilización común y corriente; los pueblos indígenas han decidido defender sus territorios pues están amenazados porque el gobierno les ha declarado una guerra abierta y ellos van a estar ahí”, dijo Alberto Pizango, líder nativo y presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep).
Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) advirtió en rueda de prensa que los nativos “no tienen miedo al estado de emergencia”, declarado este lunes en las zonas en conflicto, y señaló que ellos se mantendrán movilizados.
“Lo único que están haciendo es defendiéndose frente a la agresión del gobierno porque sus vidas están en peligro”, añadió.
El dirigente nativo subrayó que la declaración de la emergencia, lejos de solucionar el problema, exacerba los ánimos y no contribuye a crear un ambiente de diálogo para tratar las demandas de las etnias amazónicas.
El gobierno declaró la emergencia tras un enfrentamiento el domingo entre policías e indígenas que ocupan instalaciones petroleras y la central hidroeléctrica El Muyo en la selva nororiental.
En ese lugar seis policías fueron retenidos inicialmente el fin de semana para que no agredieran a los nativos, pero actualmente están libres en la zona, según explicó Pizango.
La emergencia es por 30 días y comprende a las provincias orientales de Bagua, Utcubamba y Datem del Marañón y el distrito sureño de Echarate.
Los indígenas, de la etnia de aguaruna-huambisa, mantienen tomada y cercada la central hidroeléctrica El Muyo en la provincia de Bagua desde la semana pasada.
En la zona selvática de Cusco mantienen tomada dos locaciones de la empresa argentina Pluspetrol, que explota el yacimiento gasífero de Camisea.
Los indígenas exigen la derogación de un paquete de leyes que a su juicio vulnera sus derechos de propiedad en territorios que ocupan, y en cambio favorece concesiones mineras, forestales y de hidrocarburos que los obligará a migrar.
Fuente: Univisión









