El Gobierno habría lanzado una ofensiva destinada a ahogar financieramente a la combativa Federación Agraria Argentina (FAA). La Oficina Nacional de Control Agropecuario (ONCCA), en manos del santacruceño Ricardo Echegaray, planea “estatizar” la comercialización de “cartas de porte”, los documentos necesarios para el transporte de granos.

(Diario Los Andes) La entidad rural, así como la Federación de Acopiadores, realiza ese trabajo desde los años noventa. Y de allí obtiene una buena parte de los recursos que le permiten sostener su tarea gremial.

Echegaray, quien desembarcó en la ONCCA durante el primer paro del campo, tiene en estudio un proyecto para que su organismo absorba un servicio -la emisión de esos certificados- que el propio Estado abandonó en 1992, con la disolución de la ex Junta de Granos.

En ese momento, fue el sector privado el que decidió seguir emitiendo dicha documentación: la Federación de Acopiadores y FACA (una malograda cooperativa vinculada a Federación Agraria) se hicieron cargo de la emisión y distribución de cartas de porte.

Por decisión de la ONCCA, la entidad que preside Eduardo Buzzi heredó esa función de FACA hace unos años.

Este diario pudo acceder a un “paper” reservado de la ONCCA donde se propone reemplazar el sistema vigente por otro en el que el organismo emitiría estampillas que se venderían a través del Banco Nación.

El cálculo oficial es que se podrían recaudar hasta 77,8 millones de pesos al año, aunque se parte de un grosero error, ya que se estima la superficie productiva en 276 millones de hectáreas en vez de las 35 millones realmente sembradas.

En el marco del extenso conflicto con el agro, esta ofensiva tiene mucho tufillo a operación política. CC