Al menos 47 agentes públicos cobran ilegítimamente un plus salarial destinado a veteranos de la Guerra de Malvinas. Entre ellos, Policías, miembros del servicio penitenciario y empleados de varios ministerios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a pesar de no haber entrado nunca en combate, ni haber pisado las islas o, en algunos caos, el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

El caso ya es investigado -parcialmente- por la justicia, que tiene en la mira a cuatro agentes de la Bonaerense, uno de los cuales no tenía más de 11 años en el momento del conflicto bélico.

La estafa involucra al menos a 47 agentes públicos, de acuerdo a los registros del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que detectó la maniobra casi por casualidad, hace dos años, cuando el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) quiso hacer un homenaje a internos y a guardia cárceles que habían participado de la Guerra.

En ese momento, personal de Derechos Humanos del SPB comunicó la idea al CECIM, pero cuando los ex combatientes cruzaron la nómina de los homenajeados con los registros de veteranos descubrieron que varios guardiacárceles y un interno no habían ido a la guerra. Fue la primera confirmación de una sospecha que tenían desde hacía tiempo: el descontrol en los registros del Estado permitió que muchos agentes públicos, sobre todo policías, accedan al plus salarial para empleados públicos que sean veteranos en forma fraudulenta.

Se trata del beneficio más antiguo que paga la Provincia a los veteranos -anterior incluso a las pensiones del Instituto de Previsión Social- y que hoy asciende a 1.800 pesos por mes. Esa antigüedad permite sospechar que algunos de los involucrados en la maniobra cobran ilegalmente desde hace casi 20 años. Pero el caso del SPB es sólo la punta del ovillo: el CECIM realizó, en 2005, un relevamiento con cruces de datos entre padrones de ex combatientes elaborados por las Fuerzas Armadas con nóminas parciales de empleados públicos y detectó 47 casos más, entre policías, personal del SPB -incluye algunos cargos altos, no sólo a agentes- y empleados de la secretaría general de Gobierno, el ministerio de Economía y el de Educación.

“Eso es lo que tenemos comprobado que se sigue cobrando hoy, pero estamos seguros de que hay más”, explicó Ernesto Alonso, presidente del CECIM.

La fiscalía de Asuntos Complejos de La Plata, que comandan Carlos Argüero y Esteban Lombardo, analiza por su parte cuatro denuncias penales presentadas por la Auditoría de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad de la Provincia, sobre cuatro efectivos de la bonaerense que cobran ilegalmente el plus.

Esperan que llegue documentación sobre cómo fueron otorgados los beneficios y qué requisitos fueron requeridos a sus titulares para llamar a indagatoria, paso previo a elevar los expedientes a juicio, uno por cada caso. Uno de esos casos, resalta por lo burdo: se trata de un policía que tiene un DNI que comienza en 23 millones, por lo que en el momento de la Guerra -1982- no podía tener más de 11 años.

“Nosotros queremos aportar transparencia, le llevamos el caso a las autoridades, pero no hay respuestas contundentes. No nos dejan acceder a los registros de personal, nos prometen censos que no se hacen. No nos informan si avanzan o no en la investigación”, se quejó Alonso. El presidente del CECIM explicó que “la única vez que se hizo algo en serio fue cuando nosotros presentamos una denuncia penal por esta cuestión”.

Se trata del caso de Juan Carlos Michelini, un abogado ex secretario del fuero de Menores de Lomas de Zamora, que fue condenado, el año pasado, por el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata a 3 años de prisión en suspenso y trabajos comunitarios por cobrar en forma ilegal el plus desde noviembre de 1990 hasta mayo de 2004. Además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos a perpetuidad.

Fuente: La política online

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