El gobierno bonaerense trabaja en una amplia Reforma Judicial, un paquete de medidas destinadas a achicar los tiempos de proceso judicial y a liberar oficiales para sacarlos a recorrer las calles.

Como informó La Política Online, en estos días el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, pasa algunas penurias por los repetidos casos de inseguridad que vuelven a adueñarse de las primeras planas mediáticas. En ese sentido, desde el gobierno de la provincia apuran la marcha del proyecto de reforma judicial, el cual en sus principales aspectos apunta a acelerar los procedimientos judiciales.

Este paquete de medidas es el arma que el gobernador Daniel Scioli tiene entre manos para detener el problema que llevó a que, por citar sólo un caso, el propio ex fiscal deba trasladarse en persona hasta la localidad de Junín luego de las repetidas quejas por robos y problemas de inseguridad. Busca, según manifestó “evitar que un delincuente entre por una puerta y salga por la otra”.

Para demostrar la importancia que el asunto tiene puertas adentro de la casa de gobierno provincial, el mismo Scioli acompañado por el vice, Alberto Balestrini, y por el ministro de Justicia, Ricardo Casal, recibió en su despacho a los representantes de las cámaras de diputados y senadores para organizar una agenda común para tratar las leyes de la reforma en las sesiones extraordinarias.

Celeridad judicial

Las dos leyes que ya están en el Parlamento bonaerense son los que apuntan a la reforma de Casación y la que plantea la incorporación de flagrancia como apéndice legal al Código Procesal Penal.

En lo que refiere al área de Casación, se prevé la creación de cinco salas distribuidas en el territorio de la provincia, con lo cual esperan, según explicó Casal, “redistribuir el trabajo más equitativamente entre las Cámaras de Garantías y la Casación y, por otro lado, resolver definitivamente la mora de la Casación antes de un año”.

“Con esto, Casación sólo revisará fallos de tribunales orales en lo criminal y el resto será resuelto por las otras cámaras. Al día de hoy habría unas 7 mil causas por resolver, de las cuáles el 60 por ciento irían a las cámaras de apelaciones de la provincia y el resto quedarán en casación”, aclaró un vocero del sciolismo a La Política Online.

De esta manera, la competencia correccional, eximisiones de prisión, habeas corpus y toda incidencia de juicio irían a la Cámara de Apelaciones. La idea es que los cambios comiencen a regir en 2008.

A su vez, la ley de flagrancia, que esta vigente en solo once departamentos judiciales, permite juzgar en menos de 60 días a quienes son detenidos cometiendo un delito “in fraganti” y permite que en dos audiencias se dicte sentencia.

Según documentación a la que tuvo acceso La Política Online, el texto explica que “se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o el público, o mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir que acaba de participar de un delito”. Se aplica a los “delitos dolosos cuya pena máxima no exceda de quince (15) años de prisión o reclusión, o tratándose de un concurso de delitos ninguno de ellos supere dicho monto”.

La ley de Procedimiento Penal presentada ayer también apunta, entre otras cosas, a restringir recursos judiciales que dilatan las causas y fija plazos para emitir sentencias no mayores a seis meses, bajo pena de sanciones.

Oficiales a la calle

Entre los anuncios relevantes se incluye en el golpe de timón de la gestión sciolista hay dos que giran en la idea de un traslado masivo de efectivos a las calles, sin que ello signifique la incorporación de oficiales que engrosen las dificultades de la economía provincial para hacer frente al pago de sueldos de estatales.

Primero aparece la eliminación de los efectivos policiales que se dedican al “correo judicial”, trasladando a los juzgados los expedientes por un sistema de correo con un vehículo afectado a cada jurisdicción.

Esto permitirá que un período establecido en un mes 1.100 policías bonaerenses que actualmente se desempeñan en esta tarea sean desafectados y pasarán a patrullar las calles. Casal señaló que el servicio que hasta hoy realizan esos efectivos será prestado por vehículos especiales y un cuerpo centralizado para realizar ese trámite.

Actualmente son 1.200 los efectivos que cumplen esa función. Con esta medida quedarán 120 cuando se ponga el nuevo sistema en práctica cvn civiles custodiados por policías.

Otro tema inherente desde siempre a la situación policial de la provincia es la cantidad de detenidos que permanecen en comisarías. Para eso, ya se anunció la construcción de alcaidías departamentales para los aprehendidos en primera instancia y dos complejos para aumentar el cupo de las unidades carcelarias.

“Ya se inauguró la alcaidía cárcel de Lomas de Zamora que descomprimirá a las comisarías de 600 detenidos durante enero y febrero, posibilitando a los agentes que revisten en ellas dedicarse a la prevención en vía pública”, aclaró un vocero del gobierno bonaerense a este medio.

Próximamente se inaugurará la del Buen Ayre con capacidad para más de 1000 detenidos. En total se liberan cerca de 4.500 agentes cuando se terminen de trasladar los detenidos.

Fuente: La política Online