El magistrado argentino espera una decisión de aquí a “dos o tres meses”, tiempo necesario para que los jueces “analicen las pruebas”. Según los estatutos de la Corte, la petición puede ser aceptada, rechazada o se pueden pedir más pruebas al fiscal.

Sudán ha rechazado inmediatamente estas acusaciones y ha amenazado con una “reacción” si el asunto llega ante las Naciones Unidas. “Ahora estamos contra la CPI”, resumió un portavoz.

Se trata de la primera petición de arresto de un jefe de Estado en funciones ante la CPI, el único tribunal permanente competente para juzgar a los autores de crímenes de guerra, contra la humanidad y de genocidio.

También es la primera vez que se lleva ante los jueces el crimen de genocidio. Según Moreno Ocampo, el genocidio “fue decidido por el mismo Bechir” cuando ordenó a sus hombres “no dejar heridos ni traer prisioneros”.

Entre los cargos por los que pide la inculpación se encuentra el asesinato, la violación, la exterminación y la deportación.

Según el fiscal, Bechir “movilizó al conjunto del aparato estatal”, incluyendo a las fuerzas armadas y a los servicios de inteligencia, para colocar “intencionadamente” a 2,5 millones de desplazados en “condiciones de existencia que sólo podían acarrear su eliminación física”.

Moreno Ocampo sostiene que tiene pruebas de que esa política provocó la muerte de 118.000 personas y que 35.000 civiles perecieron en los enfrentamientos.

Estados Unidos llamó a la calma en la región, en tanto que el secretario general de Naciones Unidas, Ban ki-Moon, indicó que esperaba que Sudán “siga cooperando plenamente” para asegurar la seguridad del personal de la ONU en el país africano.

La Liga Arabe convocó el sábado una reunión de urgencia a nivel ministerial y la Unión Africana reiteró su preocupación por el proceso de paz en Darfur.

Las ONG de defensa de los derechos humanos aplaudieron el trabajo del fiscal como un “paso significativo” hacia “el fin de la impunidad” en Darfur, que puede, además, “contribuir a estabilizar la región”.

Las armas “seleccionadas por Bechir, las más eficaces, son la violación, el hambre y el miedo”; las víctimas son generalmente mujeres y jóvenes refugiadas en los campos que no tienen comida y que son violadas cuando intentan salir de para encontrar alimentos, acusó Moreno Ocampo.

Una vez violadas, las mujeres son rechazadas y sus hijos abandonados o asesinados. “Los ataques se concentran sobre los civiles, mujeres y niñas, y no contra rebeldes” armados, recalcó el fiscal.

Para los que escapan de las violaciones y las bombas “no hay balas, el desierto hará el resto”, añadió citando a una víctima.

El domingo, un millar de sudaneses se manifestaron contra la CPI; el gobierno aseguró que garantizaría la seguridad de las organizaciones internacionales en Sudán, pero repitió que la CPI iba a “destruir el proceso de paz” en Darfur.

El martes, siete soldados de las fuerzas mixtas ONU-Unión Africana (Minuad) encargadas de mantener la paz en Darfur fueron asesinados en un ataque que según fuentes diplomáticas no fue realizado por rebeldes.

Agencia AFP -

Una vida dedicada a perseguir criminales

El fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo es un idealista pragmático que ha dedicado su vida a perseguir a los peores criminales del planeta.

Moreno Ocampo, de 56 años, se forjó como fiscal en los años ‘80 en los juicios contra los principales responsables de la junta militar argentina.

Uno de sus primeros casos en la Argentina fue el juicio contra el ex dictador Jorge Rafael Videla, juzgado junto a otros ocho responsables de la junta militar (1976-1983) que hizo desaparecer a por lo menos 15.000 personas.

Durante seis meses, el joven fiscal adjunto organizó audiencias en las que interrogó a más de 800 personas mientras su madre se indignaba por su actuación contra Videla, ese “buen católico” al que ella veía todos los domingos en misa.

Moreno Ocampo fue después abogado y militante de los derechos humanos antes de aceptar en 2003 el difícil puesto de primer fiscal de la CPI.

“Repite sin cesar que es el trabajo más fantástico del mundo. Trabaja 24 horas al día (…) dice que es una suerte extraordinaria haber sido designado para hacer justicia a las víctimas de Darfur o de Uganda”, explicó su colaboradora, Beatrice Le Fraper.

En cinco años, el argentino ha logrado que la Corte emitiese doce órdenes de detención contra presuntos autores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la República Democrática de Congo, Uganda, República Centroafricana y Darfur.

También logró que fuesen trasladados a La Haya cuatro sospechosos: tres milicianos congoleses acusados de reclutar a niños soldados y de crímenes sexuales, y recientemente, al ex vicepresidente congolés Jean Pierre Bemba.

Fuente: Los Andes

La iniciativa surgió hace dos años cuando un grupo de periodistas denunció que sus casillas de correo habían sido violadas

Se trata de un proyecto, que contaba con sanción del Senado, que busca modificar el Código Penal, al incluir a las comunicaciones por Internet como medio factible para cometer delitos contra la integridad sexual y contra la privacidad de las personas.

Tras un breve debate, la norma -que había sido modificada por el Senado- fue aprobada por unanimidad y con 185 votos favorables.

La iniciativa surgió hace dos años cuando un grupo de periodistas denunció que sus casillas de correo habían sido violadas y, luego de varias rondas de consultas, se elaboró un proyecto para castigar ese tipo de delitos, aún no contemplados por el Código Penal.

Agencia Télam

En tiempos de conflicto, no sólo la Justicia convoca al campo para declarar por los cortes de rutas o el peligro de desabastecimiento. También las entidades recurren a los tribunales para llevar su reclamo ante los jueces.

Un ejemplo de eso es la causa que lleva adelante la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) contra las empresas exportadoras del sector, a quienes acusa de actuar de forma cartelizada en la compra de trigo desde fines de 2006 informó el diario La Nación.

Las empresas denunciadas por Carbap son Nidera, Bunge, Cargill, Dreyfus, Aceitera General Deheza, ADM, Moreno, Noble, Curcija y ACA, que de acuerdo con la entidad bonaerense manejan el 60% del volumen del trigo comercializado en la Argentina.

Según Carbap, desde principios de 2006 las exportadoras y molinos de trigo recibirían una presión de parte de la Secretaría de Comercio Interior para no competir entre sí para comprar el trigo y mantener el precio doméstico del cereal a precios mucho más bajos y estables que el valor internacional.

Una práctica que, de acuerdo con Alfredo Rodes, director de Carbap, “beneficiaría directamente a las exportadoras, que se embolsan la diferencia entre el precio pisado que pagan a los productores y el precio que reciben cuando venden ese cereal en el exterior”.

Esa diferencia habría alcanzado la suma de 1119 millones de pesos en la campaña 2007/2008, o 125 pesos por cada tonelada de trigo vendida en el exterior en ese ciclo, según los números de Ernesto Ambrosetti, economista de la Sociedad Rural Argentina.

En la campaña anterior, la diferencia hecha por las exportadoras habría sido de 1100 millones, según Ambrosetti.

Según el abogado Gabriel Bouzat, ex presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia y apoderado de Carbap en esta causa, el perjuicio total causado a los productores por la supuesta cartelización de las empresas practicada desde 2006 ascendería a 800 millones de dólares.

La cruzada judicial de Carbap arrancó en septiembre de 2006, en la Comisión de Defensa de la Competencia, una repartición que está en la órbita de la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno.

Moreno es el mismo al que los productores acusan de ordenar a las exportadoras no pagar más de determinado precio por el trigo.

En agosto del año pasado, en el marco de la pelea entre el campo y el Gobierno tras el crítico discurso de Luciano Miguens en la Exposición Rural de Palermo, la Comisión recomendó al secretario de Comercio archivar la causa, con el argumento de que la denunciada intervención de los mercados del trigo “se enmarca dentro de una política económica de estabilidad de precios”.

En ese momento, Carbap apeló ante la Cámara Federal en lo Penal Económico, pidió “una sanción económica a las empresas implicadas en la práctica de cartelización y solicitó que se corrigiera la situación de distorsión de los precios del mercado triguero”, según Alfredo Rodes.

El pasado 15 de mayo hubo una audiencia por la causa y ahora Carbap aguarda el dictamen de la Cámara, que en caso de ser favorable a la denunciante obligaría a Defensa de la Competencia a investigar las prácticas denunciadas por Carbap.

Fuente: La política online

(Argenpress) Una grave denuncia contra dos curas de la Catedral, por el delito de reducción a la servidumbre, se está investigando en la justicia penal. A ambos se los acusa de pertenecer a una secta católica, llamada Instituto Servi Trinitatis, y de ‘anularles la voluntad’ y ‘apropiarse del dinero’ de sus miembros.

La denuncia fue radicada hace dos semanas en el Juzgado de Instrucción 3, a cargo del juez Carlos Flores, por once personas, entre familiares de algunas internas y mujeres que habrían sufrido esos padecimientos y lograron salir de la secta.

Flores actuó rápidamente, a tal punto que ya ordenó una inspección ocular a la sede del Instituto -ubicada en la primera cuadra de la céntrica calle O’Higgins-, en la que habría participado uno de los sospechosos y hasta el propio obispo de Santa Rosa, Rinaldo Fidel Brédice. La inspección ocular es una medida algo menos extrema que el allanamiento.

Además el juez habría recibido varias declaraciones testimoniales y ordenando otras pruebas, como la designación de un perito psicólogo para que atienda a las víctimas.

Servi Trinitatis es un instituto secular con origen en la ciudad española de Cuenca, cuyo director general es llamado padre Grati, aunque su verdadero nombre es Gratiniano Checa Colmena. La secta sólo tiene sedes en el mundo, Venezuela, Lomas de Zamora y Santa Rosa. Para ser miembro de ella, los aspirantes deben realizar ‘votos de pobreza, castidad, obediencia y fidelidad al Papa’, aunque la congregación no cuenta con autorización papal, según dice la denunciada.

Los curas denunciados son españoles y llegaron a la Catedral precisamente desde Cuenca. Hace más de una década Servi Trinitatis instaló una residencia para sus miembros mujeres (los pocos varones estarían en otro sitio). Al lugar se lo denomina cenáculo ‘María Inmaculada’ y estaría a cargo de los dos sacerdotes.

Un solo verbo, prohibir

En la denuncia ingresada al Juzgado 3 pueden leerse los siguientes detalles:

* En el Instituto hay alojados entre ocho y doce jóvenes, de 12 a 32 años y sus padres no pueden ingresar al instituto. Están a cargo de una directora.

* A la casa no ingresan varones, sólo los dos curas, quienes ‘imparten las normas de convivencia de las internas, juzgan y castigan (a las mujeres) por cuestiones de supuestas inconductas verificadas’.

* A las internas nos les permiten ingerir alimentos dulces -’el motivo sería para suprimir la actividad de una feromona que estimula la voluntad’- y les fijan un cronograma estricto de horarios, que incluye ir al baño al levantarse sólo ‘por unos minutos’, lavarse los dientes una vez al día y barrer en un determinado horario.

* ‘En el desayuno no las dejan comer quesos ni yogur (supuestamente porque tienen calcio), sino sólo fiambres de baja calidad. No pueden utilizar condimentos, ni ingerir mate, té y café porque serían estimulantes. No pueden hablar con sus compañeras de cuestiones personales, excepto que estén relacionadas con la religión y el Instituto, y no pueden realizar compras los domingos por tratarse del día del Señor’.

* La mayor parte del día ‘están ocupadas’ con actividades religiosas (meditación, lectura espiritual, misa diaria, visita al Santísimo, etc). ‘A las que estudian, sólo les quedan para esa actividad 45 minutos diarios, especialmente para impedir que accedan a un nivel superior de educación. Cuando van a comenzar una carrera, deben pedir autorización a sus superiores. No les aceptan actividades como fotografía o psicología’.

* Tampoco son autorizadas a atenderse con médicos o profesionales varones y cuando les recetan medicamentos ‘deben consultar por teléfono a supuestos médicos de España’, quienes ‘desautorizan las recetas y las conminan a no utilizar los medicamentos recetados y a curarse sólo con la voluntad de Dios’.

* La mayoría de las chicas -agrega la denuncia- sufre de ‘trastornos en la alimentación, desnutrición, debilitamiento físico y mental, gastritis, problemas intestinales y estomacales (…) Todas tienen problemas de fobias, desvanecimientos, cefalea, debiendo acudir -en todos los casos de externación- a tratamientos psicológicos y psiquiátricos de por vida.-

* ‘Tienen prohibido acercarse a cualquier otra persona a una distancia menor a un metro -límite mínimo que evita la actividad del deseo sexual-. No pueden besarse, abrazarse o tocarse con otras personas, incluso con sus padres y familiares directos’.

* Las mujeres deben vestirse con ropas que no resulten llamativas (apenas de dos o tres colores), no deben mostrarle el cuerpo a nadie, no pueden usar relojes, celulares, anillos ni artículos de tocador. Cuando van a la iglesia ‘deben comenzar a rezar cuando trasponen el umbral de la casa hasta que ingresan al lugar de destino, para evitar pensar en otra cosa. Deben mirar hacia el piso, no mirar a la cara a otras personas, no pueden mirar vidrieras, tienen calles y cuadras prohibidas para el tránsito, por ejemplo la avenida San Martín’.

* ‘Practican lo que llaman restricción mental: para ello no deben mentir, ya que resulta ser el mayor pecado. Por ejemplo, cuando una de ellas atiende un llamado telefónico en la casa, ante la pregunta ’si está allí tal persona’, tienen la orden de responder ‘no, aquí no está’. Eso porque dicen que la que está ‘aquí’ es la que atiende y no la otra, por ello, con esta respuesta no estarían mintiendo’.

* Les ordenan no decir nada de su actividad, o pertenencia al Instituto, a sus padres u otras personas. Para ello utilizan las máximas ‘ocultar no es mentir’ o que hay que ‘omitir para no explicar’. Están obligadas a contar todos los datos acerca de sus familias, allegados y terceros con relación a actividades y pensamientos.

* ‘El voto de pobreza implica ceder en casi todos los casos, a sus superiores, las tarjetas de débito y su clave, de la cuenta en la que depositan sus sueldos y otros ingresos. En varias oportunidades (sus superiores) les piden sumas importantes de dinero, que deben gestionar ante sus padres o familiares. A veces la excusa es la necesidad de adquirir propiedades para instalar nuevos cenáculos; por lo que jamás se sabe el verdadero fin de esos fondos. Otras veces inventan necesidades de otros miembros -generalmente desconocidos- que hipotéticamente deben someterse a intervenciones quirúrgicas costosas, viajes al exterior, estadías. Para ello les piden dinero extra que es entregado a los superiores.

* Los miembros de la secta que viajan a España, a lo del padre Grati, tienen que realizar votos perpetuos. ‘El voto perpetuo de pobreza implica la firma de un testamento, mediante el cual el miembro testa a favor del Instituto, cediendo todos sus bienes actuales o futuros, con exclusión explícita de las deudas y obligaciones que pudiere tener al tiempo de su fallecimiento’.

Dinero, objeto buscado

Los denunciantes hablaron en el texto que recibió Flores de que hubo ‘anulación de la voluntad en el caso de las personas mayores e inexistencia de autorización en el caso de los menores de edad, además de segregación social y ruptura de lazos familiares y sociales’.

Acotaron que ‘en muchos casos de personas mayores se verificó tal nivel de anulación de la voluntad, que -aún de haber sido manifestada en forma expresa- resulta absolutamente viciada e inexistente Pero mucho más graves resultan los casos de menores, en que se requiere para el acceso a una congregación religiosa, de la voluntad expresa y fehaciente de los padres, siendo que ni siquiera ellos tienen conocimiento de la situación en que se encuentran sus hijos’.

Los familiares de internos hablaron de apropiación fraudulenta de bienes y dinero al indicar que ‘como en toda organización de este tipo, la actividad desarrollada por sus partícipes tiene un interés (…) En este caso -salvo que hubiere datos que desconocemos- se trataría de un objetivo único, el de apropiarse del dinero fruto del trabajo de las personas reducidas y finalmente de los bienes que obtuvieran o ingresaran a su patrimonio durante toda su vida’.

Concluyeron que ‘la primera imposición en cumplimiento del voto temporario de pobreza, es la entrega de la tarjeta de débito y número de clave o PIN, correspondientes a la cuenta en las que tienen dinero o ingresan los pagos de los salarios que perciben por sus tareas remuneradas’.

Los fallos se producen en momentos en que ni el gobierno nacional ni los líderes de las cuatro entidades del campo logran encontrar vías de negociación para destrabar el conflicto surgido en la Argentina hace ya más de 80 días.

Ante esta situación, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, consideró en diálogo con INFOCIELO que apoya “totalmente la decisión de la Justicia, aunque considero que adolecen de algunas resoluciones importantes”, indicó.

La Justicia, en todos los casos, señaló la existencia de serios cuestionamientos a la legalidad y legitimidad del abrupto aumento de las retenciones a la soja y el girasol, por lo que dispuso que la Casa Rosada diera marcha atrás con la medida resistida por los ruralistas.

“El problema con las retenciones, tienen dos aspectos de inconstitucionalidad, el primero es el no cumplimiento del principio de legalidad, como todo impuesto debe ser creado por una Ley del Congreso, no por un decreto del Ejecutivo. El segundo aspecto tienen que ver con la magnitud de la retención, está violando el principio de la no confiscación de la propiedad privada”, aclaró el abogado.

Vale destacar que en el último caso, las antiguas retenciones (del 35%) ya estaban por fuera de lo previsto por la Ley, pero estaban aceptadas por los productores. “Viola el derecho a la no confiscatoriedad de la propiedad privada, ya que no se puede aplicar por sobre un 33% del total imponible. Acá estamos encontrando que lo que está haciendo el juez de Rosario es exigir que se le devuelva el nueve por ciento”, confirmó Sabsay a éste portal.

En este sentido, el letrado lamentó que los jueces no hayan explicitado bien estas dos cuestiones explicadas anteriormente. “Son dos pautas fundamentales de lo que se denomina la constitucionalidad de la tributación, que tendrían que estar mencionadas claramente para futuros fallos”.

Por su parte, aseguró que la resolución de la Justicia de que la Aduana devuelva lo “confiscado”, indicó que “se puede apelar, pero esto exige un cumplimiento inmediato; aunque es apelable no suspende la ejecución y la aduana debería cumplir de manera inmediata como es el mandato de un juez”.

LAS RESOLUCIONES

El último fallo fue el que emitió el conjuez federal Jaime Belfer, quien dispuso hacer lugar a una medida cautelar a favor de un productor rosarino, a quien se le aplicó el aumento de las retenciones que dispuso la resolución del ex ministro de Economía, Martín Lousteau.

“El Código Aduanero en materia derechos de exportación delega varias atribuciones del Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo, pero la Constitución del 94, que es una norma posterior y superior al Código, en esos dos aspectos se lo deroga”, advirtió el magistrado, según se conoció hoy.

El letrado, además, le ordenó a la Aduana devolver el dinero cobrado por retenciones por encima del 35% original, en las próximas 24 horas.

También la Justicia Federal de Mar del Plata dispuso frenar la aplicación del aumento del tributo porque “afectan gravemente” derechos constitucionales y sólo tuvieron “en la mira un objetivo fiscalista”.

El fallo firmado por el juez federal Alfredo López aseguró que las retenciones no fueron creadas “como instrumento de política económica” y que el propio Gobierno admitió tácitamente el error del sistema al aplicar los reintegros.

“Los jueces deben poner coto a situaciones como la presente, que denotan un ejercicio del poder legítimo que ostenta la administración cuando sus decisiones resultan a todas luces irrazonables, arbitrarias y atentatorias del bien común de la Nación”, consideró la sentencia.

La primera resolución fue adoptada hace más de un mes por el conjuez Mario González Rais, que ordenó dejar sin efecto la medida, porque se habría vulnerado el el principio constitucional de “no confiscatoriedad”, incluido como expresa garantía de orden constitucional en el artículo 28.

La sentencia destaca en sus considerandos que el Ejecutivo carece de atribuciones para legislar en materia tributaria, hasta en circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia y por lo tanto no puede emitir disposiciones de carácter legislativo, como serían los llamados derechos de exportación.

Fuente: Infocielo

Según el Superintendente de Riesgo de Trabajo, Juan González Gaviola, hay grandes incumplimientos por parte de Provincia ART, ya que no ha realizado históricamente los controles correspondiente por el gran desorden administrativo que hace que de los1200 empleados que declara la empresa frigorífica, solo tenían registrados 250 y sobre todo la falta de información de los prestadores sobre los métodos de diagnóstico de las enfermedades que sufren los trabajadores y la falta de conocimiento por parte de los mismos de sus derechos que deberían ser informados por la ART que depende del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La empresa ubicada sobre el Camino al Matadero sin número, de Concepción del Uruguay, fue intimada en varias oportunidades por la por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, por violaciones a la normativa en materia de seguridad e higiene laboral, a partir de denuncias radicadas por el sindicato desde febrero del 2007, detectando un alto índice de siniestralidad en la empresa conducida por Joaquín De Grazia.

Entre las situaciones observadas se pudo detectar y denunciar personal, sin guantes, y barbijos, un alto nivel sonoro continúo y equivalente, lo que produce hipoacusia en los trabajadores. Según el informe de la SRT, “con las actuales condiciones de trabajo, es muy probable que los trastornos músculos esqueléticos tiendan a multiplicarse en el futuro por la repetitividad, las posturas forzadas, la manipulación manual de cargas, el ambientes húmedo frío, así como también el ritmo de trabajo impuesto, el poco grado de rotación en varias tareas, la ausencia de pausas activas, la escasa autonomía en la tarea, entre otros factores estructurales” (sic).

Sin embargo desde la intimación realizada por la SRT, Granja Tres Arroyos SA, no ha hecho absolutamente nada para subsanar dichas deficiencias y por el contrario las condiciones empeoraron, amontonando más trabajadores sobre la línea de producción.

Las denuncias también abarcan a la Dirección de Trabajo del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, por guardar silencio frente a las denuncias realizadas por los trabajadores mediante carta documento.

Esta denuncia surge de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Héctor Recalde, que esta semana recibió a los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentación de Concepción del Uruguay, al Superintendente de Riesgos de Trabajo y a un representante de la Provincia ART, con el objetivo de discutir acerca de las condiciones de salud e higiene de los empleados de la firma Granja Tres Arroyos S. A. Si bien también fueron cursadas las invitaciones a los representantes de esa empresa, nadie se presentó. Más tarde, Recalce informó que el delegado habría entrado al edificio de la Cámara de Diputados pero habría sufrido “un ataque de pánico” por lo que tuvo que retirarse

Según el presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo, Héctor Recalce, este “modus opernadi” forma parte de un “sistema malvado como es la Ley de Riesgo de Trabajo, la ley de negocio y por eso vamos a trabajar seriamente para terminar con métodos de trabajo que provocan incapacidades en los trabajadores”.

Según González Gaviola “Granja Tres Arroyos SA, es la empresa frigorífica que tiene más siniestros y viene de un programa especial de seguimiento de enfermedades de alto riesgo desde hace ocho años sin cumplir con las indicaciones que se le dieron para que salga”.

González Gaviola afirmó que de seguir en este esquema de incumpliendo por parte de la empresa, la Supertientendencia impondrá fuertes multas para corregir los siniestros laborales y hasta la posible clausura del establecimiento avícola.

Por su parte el secretario general del los trabajadores de la Alimentación de Concepción del Uruguay, Mario Barrios, remarcó que lo que “nosotros queremos en tener un dialogo fluido con la empresa, para sacar adelante el conflicto y terminar con las cartas documentos y los juicios laborales pero sobre todas las cosas con los accidentes laborales y las enfermedades de nuestros compañeros de trabajo”.

Algunos números

220 mil pollos diarios es lo que faena el Frigorífico Granja Tres Arroyos SA. En el mes un total de 4.400.000 aves faenadas. De ese total el 40 % se exporta . Cada trabajador manipula 16 mil kilos de pollos diarios. El Gobierno subsidia a la empresa por un valor de 0.70 centavos por cada Kilo de Pollo faenado. Por cada pollo comprado a los granjeros, la empresa paga alrededor de 0.20 centavos por kilo. (Fuente RAM)

Fuente: http://www.infoalternativa.com.ar

Todo ocurrió el 18 de diciembre de 2005 cuando Colihuinca Sepúlveda fue al encuentro del propietario del teléfono José Luis Murgoitía a quien luego de intentar convencer, le exigió $70 pesos para devolvérselo según informa el diario Clarín.

Ante ello, el dueño aceptó, pero a la par avisó a la policía de lo sucedido. En el lugar convenido para la entrega del aparato, el extorsionador fue atrapado con el aparato celular.

Y como tenía una condena previa a diez años y dos meses de prisión por robo calificado y privación de la libertad, los jueces lo consideraron reincidente, por lo que debería ir preso si el fallo, ahora apelado, queda firme.

El fallo sostiene que para que exista el delito de extorsión no es preciso que la amenaza llegue a crear una situación de necesidad inevitable. Basta que el delincuente haya realizado una amenaza relativamente vaga o de importancia relativa. Según el magistrado, el condenado quiso gozar de un beneficio que no le correspondía y por eso debe sancionárselo.

Por Matt Moffett - The Wall Street Journal. LA PAZ, Bolivia—Los niños lustrabotas tienen un estatus tan bajo en esta ciudad andina que, por vergüenza, esconden sus rostros con pasamontañas. Se escurren como fantasmas, esquivando a los comerciantes que les sacan dinero y los automovilistas que intentan pasarlos por encima.

Aun así, cuando James Cooper, un profesor de derecho estadounidense, observa a estos niños, ve en ellos a los soldados de una revolución en el sistema judicial en América Latina. Cooper dirige Proyecto Acceso, una organización sin fines de lucro que usa tácticas innovadoras para intentar mejorar los sistemas legales de América Latina y hacer que las leyes sean más relevantes para los ciudadanos más humildes.

Hace poco, Cooper reunió a 30 lustrabotas, de entre 8 y 17 años de edad, para una conferencia acerca de sus derechos dictada por un juez de la Corte Suprema boliviana y un banquero que de joven fue lustrabotas. Cada uno de los chicos recibió un par de pantalones relucientes con emblemas de superhéroes. Si los jóvenes continúan asistiendo los seminarios de Acceso y aprenden lo suficiente como para poder conversar sobre los conceptos básicos de la ley, recibirán camisetas y gorras de béisbol con eslóganes de derechos humanos.

Para los lustrabotas, recibir un regalo fue una gran cosa. Algunos de ellos habían sido enviados a casa o retados por sus maestros de escuela porque sus manos estaban manchadas con betún y grasa, o golpeados por sus padres por no traer suficiente dinero a casa. Apretando sus nuevos pantalones contra el pecho, después de su primer seminario, Carlos Mamani, un adolescente de 15 años que se ha enfrentado a bravucones en su trabajo, dijo que había aprendido algo sobre los derechos de propiedad. “Nadie tiene derecho a meterse con la caja lustrabotas de otra persona”, explicó.

Acceso, que ofrece entrenamiento especializado para profesionales del derecho y educación legal básica para el público general, tiene su oficina central en la Escuela de Derecho de California Occidental en San Diego, donde Cooper es decano asistente. Acceso es un acrónimo que viene de “Abogados Creativos Colaborando para Encontrar Soluciones Óptimas”.

Cooper se toma seriamente la parte del título que dice “creativos”. Para resaltar las deficiencias en las protecciones legales para los trabajadores mexicanos bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Cooper produjo un reality show —transmitido en la televisión de san Diego y en las conferencias de Acceso, en el que se muestra a estudiantes de derecho estadounidenses trabajando en una fábrica de juguetes en Tijuana. Los estudiantes ganaban US$60 por semana por soportar las duras condiciones de trabajo en las líneas de montaje y los peligros ambientales.

En Paraguay, Cooper produjo espectáculos de títeres para demostrar técnicas de abogacía. En Bolivia, organizó un desfile de modas en una prisión de mujeres —con las mismas prisioneras desfilando— como parte de un proyecto por los derechos de los prisioneros. En otra ocasión, juntó a abogados de Bolivia y Chile para un seminario de capacitación dentro del “Tren de la Justicia” que viajó desde La Paz, a través de los Andes, hasta la costa chilena.

Antes de cofundar Acceso hace una década, Cooper, de 42 años y oriundo de Canadá, había trabajado por un par de años en la gigantesca firma legal Baker & McKenzie. No pasó mucho tiempo antes de que Cooper, educado en la universidad británica de Cambridge, perdiera el entusiasmo por “hacer un mundo más seguro para McDonald’s, Coca-Cola y Levi’s”.

La actual misión de Cooper —fomentar el respeto por la ley en América Latina— parece casi quijotesca. En los suburbios de La Paz, la policía y los juzgados están tan desacreditados que los residentes cuelgan muñecos en los postes de luz como advertencia de que los delincuentes serán linchados. Los sobornos y las intimidaciones son tan comunes que los jueces a veces deben enfrentar un ultimátum: plata o plomo.

Acceso ha estado promoviendo una de las pocas tendencias judiciales positivas en América Latina: la adopción en varios países de un sistema de juicios orales más abierto, parecido al de Estados Unidos.

Acceso ha entrenado a 2.500 jueces, fiscales y defensores públicos en 15 países latinoamericanos en las técnicas de defensa oral usadas en el nuevo sistema. Chile es el país que más progresó ha mostrado en la adopción de la nuevas reglas. “Jamie Cooper fue muy importante en el entrenamiento del primer grupo de abogados en un sistema que era muy extraño para ellos”, dice Jaime Camus, un ex estudiante de Acceso y ahora jefe de una oficina de 22 defensores públicos en Chile.

En cuanto a los lustrabotas de Bolivia, es bastante difícil cambiar su visión del mundo. Ante la presencia de un fotógrafo, la mitad de los chicos instintivamente cubrieron sus rostros. Uno de los que no se escondió fue Santos Candore, de 13 años, quien dijo que tenía ganas de continuar el curso “porque he aprendido que todos tienen derechos, hasta los lustrabotas”. (Fin)

Por Mirela Xanthaki - “Que se le permita al asesino de un periodista caminar libremente por la calle envía una señal terrible” perjudicial para estos profesionales, dijo Joel Simon, director ejecutivo de la organización con sede en Nueva York.

El asesinato es usado por los estados como la forma última de censura. Cuanto más de estos casos quedan sin castigar, mayor silencio de la prensa. Sólo en 2007 hubo 65 asesinatos de periodistas relacionados con su trabajo: fue el segundo año más mortal de que el CPJ tenga registro. Los gobiernos carecen de la voluntad o capacidad de juzgar la mayoría de estos casos, señaló el Comité.

En una conferencia de prensa en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 29 de abril, Simon presentó el “índice de impunidad” del CPJ, junto al director de Comunicaciones del Comité, Abi Wright, y a la premiada periodista filipina Sheila Coronel.

El índice enumera los países donde los asesinos no son investigados ni definidos, y se publica año a año en la víspera del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra este sábado, 3 de mayo.

En noviembre, el CPJ también presentó la Iniciativa Global para Combatir la Impunidad.

Países que han estado en la lista en el pasado la refutaron atacando la metodología empleada por el Comité. Esta vez, el índice simplemente toma nota de los casos de periodistas asesinados en directa relación con su trabajo y por los cuales no hubo condena alguna. Para que un país sea incluido en la lista, debe haber más de cinco casos de asesinato sin resolver entre los años 1998 y 2007.

Aunque expresa alarma por la cantidad de periodistas asesinados en zonas de conflicto, el Comité no incluye esos casos. Pero sí aquéllos en que se condenó al asesino pero no al autor intelectual, considerados sin resolución.

Los países que ocupan los primeros puestos del Índice fueron Iraq, Sierra Leona y Somalía, los tres con conflictos armados internos.

Pero los restantes nueve de la lista son democracias como India, Rusia y México, que tienen un gobierno, cuerpos policiales, fiscales y un poder judicial en funciones, pero donde los asesinatos de periodistas siguen sin ser castigados.

A veces los periodistas son asesinados simplemente por escribir sobre corrupción a bajo nivel, dijo Coronel. Citó el ejemplo de un periodista en Filipinas muerto tras revelar que un alcalde había robado vigas de sitios públicos en construcción para usar con fines personales.

Estos crímenes disuaden a otros periodistas locales de escribir sobre corrupción. Y el hecho de que no haya ningún arresto inspira más matanzas.

El CPJ observa que hay otras maneras, más sofisticadas, de marginar y silenciar a la prensa, a veces organizadas por funcionarios gubernamentales y, en otros casos, por redes delictivas.

Las intimidaciones y amenazas pueden tener el mismo resultado a la hora de censurar a los periodistas. Como dijo Simon, el hecho de que un país no esté en la lista no significa que esas matanzas no ocurran; sólo significa que no están confirmadas.

El índice aspira a que la comunidad internacional ejerza presión. Las condenas a menudo ocurren cuando son asesinados periodistas de Estados Unidos u otros países. Pero en otros casos, con frecuencia no hay acciones de los gobiernos.

Los asesinatos sin consecuencias tienen un impacto de mayor alcance en la difusión del miedo en la sociedad, impidiendo la libre circulación de ideas y perjudicando a la libertad de expresión, señaló Simon.

“Exigimos acción, investigaciones rigurosas y juicios vigorosos en todos los homicidios de periodistas”, agregó.(FIN/2008)

Jaime Linares, titular de esta bancada, dijo a Agencia NOVA que “en un caso a través de vecinos y en otros por dirigentes de nuestro partido advertimos que hubo policías que solicitaban datos e información acerca de quiénes fueron los organizadores y oradores de cada encuentro”

Por tal motivo, Linares se presentó el viernes último ante la fiscalía federal de Bahía Blanca para denunciar sendos episodios de esas características ocurridos en los distritos de Pigüé y Coronel Dorrego.

Para Linares esas averiguaciones no son anecdóticas y constituyen “una clara violación a la ley de defensa de la democracia que impide hacer ese tipo de requisitorias de parte de la policía sobre actos partidarios o políticos y de quienes organizan o están presentes en el lugar y es por eso que me presente el viernes en la fiscalía federal de Bahía Blanca para que se investigue esta situación”

Linares acompañó copias de noticias del diario bahiense “La Nueva Provincia” donde se informó sobre esta circunstancia, acompañada de su propia exposición sobre lo que ocurrió en el acto de Coronel Dorrego donde, incluso, hubo legisladores del oficialista Frente por la Victoria.

“En Coronel Dorrego estuvimos en una asamblea donde pasó exactamente lo mismo: habían mandado a dos policías a pedir datos sobre presentes y acerca de quién había organizado el acto”, disparó.

“Alguien tiene que explicar esto y en particular el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli”, concluyó Linares. (29 de Abril)

Una de las prerrogativas vinculadas al poder ciudadano es el derecho de expresarse libremente, y específicamente de hacerlo mediante la prensa, calificado como libertad institucional, estratégica y preferente, en tanto garantía y sustento del sistema republicano y democrático.

La libertad de expresión es el género y la libertad de prensa, la especie, entendida como la facultad o prerrogativa de toda persona de exteriorizar sus sentimientos, creencias o ideas de todo tipo a través de la palabra, escrita u oral, y de los distintos medios de difusión.

La normativa constitucional ampara la prensa en el art.14 al reconocer a todos los habitantes el de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. A su vez el art.32 de la C.N. dispone que: El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de prensa ni que establezcan la jurisdicción federal. El art.43 de la C.N. incorporado con la reforma al regular la garantía contitucional del Habeas Data refiere a que “no podrán afectarse las fuentes de información periodística”.

En el ámbito local su reconocimiento es aún más amplio y tuitivo, el art.18 de la Constitución de la Provincia del Chaco establece: Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio, y el Estado en ningún caso, podrá dictar medidas preventivas o restrictivas.

Solamente serán punibles los abusos de la libertad del pensamiento constitutivos de delitos comunes, los cuales nunca se reputarán flagrantes, ni autorizarán el secuestro de los instrumentos de difusión como cuerpo de delito, ni la detención de quienes hubieran colaborado en los trabajos de impresión, propagación y distribución.

Los talleres tipográficos y demás medios idóneos de difusión, no podrán ser clausurados, confiscados, ni decomisados, ni suspendidas, trabadas ni interrumpidas sus labores por motivo alguno vinculado con la libre expresión y propagación del pensamiento.

Es igualmente libre la investigación científica y el acceso a las fuentes de información. Serán objetivamente responsables los que ordenaren, consintieren o ejecutaren actos violatorios de estas garantías.

La prensa, por expreso mandato constitucional y como presupuesto de la república democrática, en ningún caso admite ningún tipo de censura, lo que no significa otorgar al sujeto que ejerce la prerrogativa una inmunidad absoluta que lo coloque por encima de la ley. La Constitución no asegura la impunidad de la prensa, una vez efectuada la publicación, su contenido queda sometido a la ley y al control de los jueces.

El derecho a la información

Actualmente se habla del derecho a la información, comprensivo de toda forma de exteriorización de ideas o hechos, cualquiera sea el medio empleado, integrativo del derecho de investigar, de difundir y recibir informaciones u opiniones.

De un lado cuadra poner de relieve el que se ha calificado como derecho humano a la información, ya enunciado por una resolución de las Naciones Unidas (ONU), no bien concluida la Segunda guerra Mundial, en 1946: ‘La libertad de información -dice- es un derecho fundamental del hombre…’, e ‘implica el derecho a recoger, transmitir y publicar noticias sin trabas en todos los lugares’.

Fue además reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, como derecho a ‘no ser molestado a causa de sus opiniones, así como el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión’.

Y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su artículo 13, apartado 1º: ‘Toda persona tiene derechos a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho -añade- comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o su elección’. En el apartado 2º, se señala, sin embargo, que el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las cuales deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: ‘a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas’.

El derecho a la información, presupone:

1- La libertad informativa.
2- El derecho de fundar las empresas de los medios de comunicación social.
3- El derecho a la búsqueda.
4- El derecho a la transmisión.
5- El derecho de ser informado.

‘La información es unánimemente reconocida como un derecho universal, inviolable e inalienable del hombre moderno, responde a una profunda exigencia de su naturaleza social, no basta que sea proclamada en teoría, es preciso también reconocerlo en la práctica, defenderlo, servirlo, dirigir su realización para que sea conforme a su finalidad natural. Es un derecho activo y pasivo, debe responder a la verdad, pero no obstante no basta que la información sea objetiva. Es preciso que sepa imponer también los límites exigidos por un bien superior. Por ejemplo ha de respetar el derecho de los demás a su buena reputación y no transgredir el secreto legítimo de la vida privada’, cita del discurso de Paulo VI en el Seminario de la ONU sobre la libertad de información.)

Subinformación y desinformación

En su libro ‘Homo Videns’ el autor Giovanni Sartori señala que: ‘Es útil distinguir entre subinformación y desinformación. Por subinformación entiendo una información totalmente insuficiente que empobrece demasiado la noticia que da, o bien el hecho de no informar, la pura y simple eliminación de nueve de cada diez noticias existentes. Por tanto, subinformación significa reducir en exceso. Por desinformación entiendo una distorsión de la información: dar noticias falseadas que inducen a engaño al que las escucha. Nótese que no he dicho que la manipulación que distorsiona una noticia será deliberada; con frecuencia refleja una deformación profesional, lo cual la hace menos culpable, pero también más peligrosa.’

Agrega que ‘a fuerza de subinformar, y a la vez de destacar y exagerar las noticias locales, se termina por perder de vista el mundo y casi ya no interesarnos por él. A pesar de la gran influencia y hasta el cuidado que se tiene por parte de las empresas periodísticas por el manejo de la información, el transcurso de los años, y una simple leída de los diarios o un zapping televisivo permite deducir que información no siempre es conocimiento. No es saber en el significado puro del término. Volviendo a Sartori, ‘por sí misma, la información no lleva a comprender las cosas: se puede estar informadísimo de muchas cuestiones, y a pesar de ello no comprenderlas. Es correcto, pues, decir que la información da solamente nociones. Lo cual no es negativo. Pero si el saber nocional no es de despreciar, tampoco se debe sobrevalorarlo. Acumular nociones no significa entenderlas.’

La labor periodística, exige una gran dosis de audacia y de valor cívico, porque no siempre resulta fácil decir la verdad.

CIUDADANIA, PRENSA Y JUSTICIA

Como ciudadanos debemos estar siempre alertas, según decía el Juez Stone, en la línea de batalla, como verdaderos soldados de la República, preparados para su defensa, especialmente frente a los avances de la arbitrariedad y el despotismo, provengan de donde provengan. En este sentido quizás nunca con tanta fuerza se levantan voces mundiales de defensa de la libertad de prensa y denuncias frente a la situación sin precedentes de incertidumbre global que nos afecta.
Por eso es tiempo de una Justicia Constitucional en serio, de no adormecernos en la hipocresía de un conjunto de derechos consagrados en los textos constitucionales, que no se cumplen, amparándonos en una estructura judicial burocrática que no está muchas veces a la altura de las circunstancias.

Concluyo citando a Eduardo Couture en su tercera conferencia en la Universidad de París, (Introducción al estudio del proceso civil, Depalma, Bs. As., 1949, págs 69 a 77) cuando expresa:
‘¿Podremos decir que el juez es solamente la voz que ‘pronuncia las palabras de la ley’? ¿Podremos decir que es un ser inanimado? ‘Me parece que no. En todo caso, esa concepción representa un exceso de lógica formal, a expensas de la lógica viva. El juez no puede ser un signo matemático, porque es un hombre; el juez puede ser la boca que pronuncia las palabras de la ley, porque la ley no tiene posibilidad material de pronunciar todas las palabras del derecho; la ley procede sobre la base de ciertas simplificaciones esquemáticas y la vida presenta diariamente problemas que no han podido entrar en la imaginación del legislador’.

‘Cuando la ley cae en el silencio podríamos decir, siguiendo la metáfora del poeta, que ese silencio está poblado de voces. Pero cuando el juez dicta la sentencia, no sólo es un intérprete de las palabras de la ley, sino también de sus voces misteriosas y ocultas’.

‘La sentencia no es un pedazo de lógica, ni es tampoco una pura norma. La sentencia es una obra humana, una creación de la inteligencia y la voluntad, es decir una criatura del espíritu del hombre’ ‘El juez es una partícula de sustancia humana que vive y se mueve dentro del derecho, y si esa partícula humana tiene dignidad y jerarquía espiritual. Pero si el juez como hombre, cede ante sus debilidades, el derecho cederá en su última y definitiva revelación’.

‘De la dignidad del juez dependerá la dignidad del derecho. El derecho valdrá en un país y en momento histórico determinado, lo que valgan los jueces como hombres. El día que los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo’.

‘El día en que sea posible decidir los casos judiciales mediante un ojo eléctrico que registre físicamente el triunfo o la derrota, la concepción constitutiva del proceso carecerá de sentido y la sentencia será una pura declaración, como quería Mostesquieu. Pero, mientras no pueda lograrse esa máquina de hacer sentencias, el sentido profundo y entrañable del derecho, no puede ser desatendido ni desobedecido y las sentencias valdrán lo que valgan los hombres que la dicten’.

Iride Isabel María Grillo
Juez en lo Civil y Comercial de la Sexta Nominación, Primera Circunscripción, de la Provincia del Chaco - Adjunta de la Cátedra ‘A’ de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la U.N.N.E.

Fuente: Chaco día por día

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